Cuando entidades de todo el Estado denuncian en el marco de la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética la situación de absoluta desprotección de miles de familias en España y han convocado concentraciones “Por una nueva normalidad sin cortes de suministros. La energía es un derecho, no un negocio”, quizás sea un buen momento para mostrar la posición de Som Energia ante la pobreza energética. Esta posición se concreta en  tejer alianzas con ayuntamientos y otros actores de la sociedad civil, con la voluntad de corresponsabilizar y no asumir en solitario, como comercializadora, los costes (injustos) que se desprenden de la pobreza energética. También nosotrxs nos encontramos con que  la capacidad de presión hacia las grandes distribuidoras es nula por ahora.

El primer punto que consideramos poner de manifiesto es que el uso de la energía es un derecho básico (reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española), y en ningún caso un bien de lujo. Por lo tanto, el mercado no debería lucrarse con su generación, distribución y comercialización (IVA del 21%, gestiones sospechosas por parte de las eléctricas, puertas giratorias, sistemas ineficientes…). Y por otro lado, la Administración Pública debería tener una actuación firme en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, y ejercer presión también en los espacios correspondientes.

Creemos que el quid de la cuestión, no sólo de la pobreza energética, se encuentra en la actual ley que regula el mercado eléctrico, ya que no contempla el acceso a la energía como un derecho básico, que permite todo tipo de prácticas abusivas.

En Som Energia somos sensibles a esta realidad y disponemos de un protocolo cuidadoso y preciso para los casos en que una factura no se pueda pagar por este motivo.

Apoyándonos en las directrices de la Ley 24/2015 de la Generalidad de Cataluña (y que ampliamos a la totalidad del territorio español) las comercializadoras deben garantizar el suministro a las personas en situación de pobreza energética; esto quiere decir que antes de efectuar cualquier corte de suministro, contactamos con los  Servicios Sociales del municipio del cliente, para verificar si nos encontramos ante un caso de pobreza energética.

Por otra parte, tal y como aprobamos en Asamblea General, disponemos de una tercera parte del donativo voluntario para destinar a las acciones que desarrollamos para responder a las situaciones de pobreza energética. La voluntad es, gracias a la implicación de los Grupos Locales, poder desplegar actuaciones en el ámbito local que nos permitan colaboraciones con entidades cercanas al territorio.

Así, el Consejo Rector aprobó que en el caso de que la persona consumidora se encuentre en esta condición y sea socia de Som Energia, la cooperativa no exigirá el cobro de las facturas durante el primer año.

Si la persona consumidora no es socia de la cooperativa, no se le exigirá el cobro de los recibos, pero será derivada a una Comercializadora de Referencia donde podrá acceder al Bono Social y, en principio, a una mayor protección.

Os enlazamos una gráfica de la gestión actual de los casos de pobreza energética.

Con la voluntad de ser actores enlazados con otros agentes y construir engranajes para hacer frente a los casos de pobreza energética, más allá de actuar en consonancia con la legislación, desde la cooperativa estamos firmando convenios de colaboración con los ayuntamientos estableciendo un contacto directo entre los servicios sociales del municipio y nosotros para detectar las situaciones de pobreza energética y trasladar los contratos hacia la cooperativa para garantizar el suministro en todo momento.

El municipio se hace cargo de las deudas que puedan incurrir las personas cubiertas por el convenio, y al mismo tiempo Som Energia facilita la formación en esta materia al personal técnico del ayuntamiento, organizaciones y asociaciones locales, así como la realización de optimizaciones de los contratos de luz que generen un ahorro al municipio y que se deriven a la gestión de la pobreza energética por parte del consistorio.

Aceptando que la pobreza energética ya es un problema sistémico de nuestra sociedad, que impide a las personas tener una vida digna y tiene graves consecuencias sobre su salud, alimentación, educación y relaciones sociales, hay que afrontar esta situación de forma colectiva y comprometida desde la coherencia, la dignidad y el respeto a las personas que injustamente se encuentran en esta situación.