Debido a la distribución territorial del Estado Español y las competencias legislativas de las Comunidades y Ciudades Autónomas recogidas en el Título VIII de nuestra Constitución, se hace necesaria la creación de medidas y leyes autonómicas en la lucha por la erradicación de la lacra social que es la violencia de género en España, contra las mujeres, ya que las CCAA comparten con el Estado las competencias en esta materia.

Violencia de género en España VS violencia intrafamiliar

La respuesta al fenómeno de la violencia de género en cada una de las Comunidades Autónomas y la Ley del Estado es desigual y heterogénea, ya que regulación varían enormemente. Así constatamos que las Comunidades que entienden la violencia de género como un problema estructural y una grave vulneración de los derechos de las mujeres, dan una respuesta más completa y eficiente sobre las formas de violencia. Sin embargo, otras Comunidades limitan el concepto de violencia a la violencia intrafamiliar y a la violencia que se da en las relaciones de pareja y expareja, y no regulan otras formas de violencia. De esta manera, se entiende por qué el concepto de violencia de género que se incluye en la normativa es determinante a la hora de ampliar o restringir a los sujetos víctimas de violencia de género.

El feminismo considera que el papel del derecho penal en la actuación contra la violencia de género no es suficiente en términos de prevención y de abordaje de este fatal fenómeno con una mirada política. Las juristas feministas entendemos que los procedimientos judiciales individualizan el conflicto reduciéndolo en parte a una violencia interpersonal en lugar de abordarlo como un daño colectivo. El problema de base vuelve a ser que el derecho se ha construido desde las necesidades de sociedades patriarcales, y posteriormente se ha tratado de introducir anexos en forma de “leyes pegote”, cuando en realidad debería cuestionarse el fundamento subjetivo del derecho y replantear un nuevo sujeto del derecho que comprenda a mujeres y hombres.

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